Han tenido que pasar dos años y un mes para que se conozca
el anteproyecto que modificará la ley del aborto aprobada en el 2010 por el
gobierno de Rodríguez Zapatero. Desde mi experiencia de más de 10 años
atendiendo a mujeres que afrontan un embarazo en una situación complicada, he
de afirmar que el anteproyecto presentado por Ruiz-Gallardón es, en la
práctica, exactamente igual que la ley del 85 y la ley del 2010. Bajo el
contradictorio título de "Ley Orgánica para la Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada", el gobierno presenta
una modificación de 21 páginas a la "Ley Aido" que, en esencia, sigue
permitiendo el aborto libre aunque se hablen de dos supuestos.
Entre 1985 y el año 2010, más de 1.600.000 mujeres decidieron abortar. De ellas el 96,77% se acogieron al supuesto de "daños físicos y psicológicos para la madre" -conocido como supuesto terapéutico-, que permitía el aborto sin límite de plazos. Igual que con la reforma planteada por el gobierno de Mariano Rajoy, únicamente hacía falta un dictamen emitido con anterioridad al aborto elaborado por un médico de la especialidad correspondiente.
El supuesto más recurrido por el de las embarazadas era el de "daños psíquicos para la madre", para lo que era necesario un informe psiquiátrico. La realidad es que, como han venido denunciando los propios psiquiatras, se falseaba la realidad y, alegando daños para la salud psíquica, en España se abortaba sin problemas y sin importar la semana de gestación. La Ley del 2010 vino a demostrarlo al descender de un 96,77% de mujeres que alegaban riesgo para la salud física y psíquica a un 2.86%, ya que con la última ley hasta las 14 semanas se podía abortar sin acogerse a ningún supuesto y no era necesario alegar, falsamente, estos supuestos daños para la madre.
En este momento el 89,58% de las mujeres que abortan lo hacen sin necesidad de alegar problemas de salud o malformaciones, simplemente haciendo uso del "derecho al aborto". Ahora, con la reforma, volverán a acogerse al supuesto terapéutico con informes que nadie va a controlar. El único cambio significativo es que con este supuesto únicamente se podrá abortar hasta las veintidós semanas de gestación. Rara vez una mujer espera tanto tiempo.
Otros cambios positivos que plantea la reforma -por lo menos en la teoría- es que desaparece el supuesto eugenésico -aunque en la práctica siempre se podrá abortar por malformación alegando daños para la madre-, se contempla llevar a cabo un parto inducido a partir de las 22 semanas y que las menores precisarán de un consentimiento de los padres hasta los 16 y de un "asentimiento" entre los 16 y 18 años.
La realidad es que muchas veces son los padres quienes obligan a las menores a elegir el aborto. Igualmente, es positivo que se hable del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Lo que no cambia es la financiación de los centros que practican el aborto. La administración pública seguirá haciéndose cargo y, aunque está prohibida la publicidad de los centros donde se practican los abortos, desde la red de salud pública se seguirán remitiendo a las mujeres a los centros privados en un 96% de los casos.
La reforma planteada marca que deben pasar siete días desde el momento en el que la mujer recibe la información -hasta ahora un sobre con información jurídica que rara vez se llegaba a abrir- y el momento en el que se practica el aborto. Con la ley actual son tres que, como seguro que pasará con la reforma, nunca se cumplen.
Quiero aclarar que en estos 10 años nunca me he encontrado con ninguna mujer que no se sienta obligada a abortar por una u otra razón. La mujer en el aborto es una víctima que queda marcada de por vida. Un alto porcentaje de las mujeres que abortan lo hacen ante la falta de alternativas y, en la mayoría de las ocasiones, por pura desinformación, a lo que hay que sumar la naturalización del aborto con la equiparación de este a un supuesto derecho, derecho que con la nueva Ley desaparece.
Por eso, y tras centenares de atenciones, echo en falta que esta reforma lleve consigo aparejada por un lado una Ley Integral de Apoyo a la Maternidad y por otro una Ley eficaz y sin recortes de apoyo a las madres con hijos dependientes. En España sigue sin poderse adoptar a niños nacidos en el territorio nacional pese a que cada vez son más los españoles que deciden adoptar. Algo falla en nuestro sistema de adopción.
Nos encontramos ante una reforma hecha desde el desconocimiento de la realidad del aborto y que no responde a las necesidades de la mayoría de las mujeres que afrontan un embarazo en situación de dificultad.
Entre 1985 y el año 2010, más de 1.600.000 mujeres decidieron abortar. De ellas el 96,77% se acogieron al supuesto de "daños físicos y psicológicos para la madre" -conocido como supuesto terapéutico-, que permitía el aborto sin límite de plazos. Igual que con la reforma planteada por el gobierno de Mariano Rajoy, únicamente hacía falta un dictamen emitido con anterioridad al aborto elaborado por un médico de la especialidad correspondiente.
El supuesto más recurrido por el de las embarazadas era el de "daños psíquicos para la madre", para lo que era necesario un informe psiquiátrico. La realidad es que, como han venido denunciando los propios psiquiatras, se falseaba la realidad y, alegando daños para la salud psíquica, en España se abortaba sin problemas y sin importar la semana de gestación. La Ley del 2010 vino a demostrarlo al descender de un 96,77% de mujeres que alegaban riesgo para la salud física y psíquica a un 2.86%, ya que con la última ley hasta las 14 semanas se podía abortar sin acogerse a ningún supuesto y no era necesario alegar, falsamente, estos supuestos daños para la madre.
En este momento el 89,58% de las mujeres que abortan lo hacen sin necesidad de alegar problemas de salud o malformaciones, simplemente haciendo uso del "derecho al aborto". Ahora, con la reforma, volverán a acogerse al supuesto terapéutico con informes que nadie va a controlar. El único cambio significativo es que con este supuesto únicamente se podrá abortar hasta las veintidós semanas de gestación. Rara vez una mujer espera tanto tiempo.
Otros cambios positivos que plantea la reforma -por lo menos en la teoría- es que desaparece el supuesto eugenésico -aunque en la práctica siempre se podrá abortar por malformación alegando daños para la madre-, se contempla llevar a cabo un parto inducido a partir de las 22 semanas y que las menores precisarán de un consentimiento de los padres hasta los 16 y de un "asentimiento" entre los 16 y 18 años.
La realidad es que muchas veces son los padres quienes obligan a las menores a elegir el aborto. Igualmente, es positivo que se hable del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Lo que no cambia es la financiación de los centros que practican el aborto. La administración pública seguirá haciéndose cargo y, aunque está prohibida la publicidad de los centros donde se practican los abortos, desde la red de salud pública se seguirán remitiendo a las mujeres a los centros privados en un 96% de los casos.
La reforma planteada marca que deben pasar siete días desde el momento en el que la mujer recibe la información -hasta ahora un sobre con información jurídica que rara vez se llegaba a abrir- y el momento en el que se practica el aborto. Con la ley actual son tres que, como seguro que pasará con la reforma, nunca se cumplen.
Quiero aclarar que en estos 10 años nunca me he encontrado con ninguna mujer que no se sienta obligada a abortar por una u otra razón. La mujer en el aborto es una víctima que queda marcada de por vida. Un alto porcentaje de las mujeres que abortan lo hacen ante la falta de alternativas y, en la mayoría de las ocasiones, por pura desinformación, a lo que hay que sumar la naturalización del aborto con la equiparación de este a un supuesto derecho, derecho que con la nueva Ley desaparece.
Por eso, y tras centenares de atenciones, echo en falta que esta reforma lleve consigo aparejada por un lado una Ley Integral de Apoyo a la Maternidad y por otro una Ley eficaz y sin recortes de apoyo a las madres con hijos dependientes. En España sigue sin poderse adoptar a niños nacidos en el territorio nacional pese a que cada vez son más los españoles que deciden adoptar. Algo falla en nuestro sistema de adopción.
Nos encontramos ante una reforma hecha desde el desconocimiento de la realidad del aborto y que no responde a las necesidades de la mayoría de las mujeres que afrontan un embarazo en situación de dificultad.
Miguel Ángel Maestre Moreno
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