(Rel.) El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, anunció este viernes la creación de una "oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos". El proyecto, aprobado por la comisión permanente del episcopado reunida los días 17 y 18 de junio, se presentará para su aprobación en la Asamblea Plenaria de noviembre como parte del plan pastoral para el cuatrienio 2026-2030.
Se trata de una respuesta práctica de los obispos ante la intención gubernamental de despenalizar la ofensa a "los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa" (o "de quienes no profesan religión o creencia alguna", dice también la ley), actualmente protegidos por el artículo 525 del Código Penal. En enero, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley para derogarlo.
La oficina de los obispos estará coordinada por la vicesecretaría para Asuntos Generales y la subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, y tendrá como objetivos "la promoción de la defensa de la libertad religiosa; elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos, mediante recopilación y registro de datos; sensibilizar y ofrecer orientaciones a las diócesis ante la vulneración de la libertad religiosa; y mantener el contacto con otras confesiones religiosas y organizaciones nacionales e internacionales".
García Magán afirmó, "por objetividad y por honestidad" hacia los cristianos que sufren persecución y muerte en numerosos países, que la Iglesia en España "no está perseguida". Pero "a veces sí se dan delitos de ofensa de los sentimientos religiosos y a realidades que para un creyente católico tienen un valor muy especial... Hay déficits en esa tutela".
Esta reacción de los obispos llega cuando desde hace años ya se han movilizado al respecto diversas instituciones civiles o eclesiales.
Un problema creciente
En España, `por ejemplo, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de la Conciencia detectó, en su informe sobre 2024, un sensible aumento de los ataques a la libertad religiosa, identificando como "graves" cuatro de ellos, como dos agresiones a dos judíos, un ataque a peregrinos a Javier y el asesinato de un fraile y agresión a otros en el monasterio franciscano del Espíritu Santo en Gilet (Valencia), delitos cometidos por un drogadicto pero con intención explícitamente antirreligiosa. El informe incluía además las amenazas a las catedrales españolas por parte de Estado Islámico o la 'resignificación', con tintes profanadores, de la Cruz y Basílica de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Otros ataques relevantes recientemente vividos han sido:
la pretensión de la ministra socialista de Igualdad, Ana Redondo, de considerar la comunión eucarística como un derecho constitucional que la ley puede regular;
la campaña (no solo mediática, sino también política) contra el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, por un comentario sobre las consecuencias del pecado original.
Numerosas instituciones ofrecen ya informes sobre persecución religiosa en el mundo, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, Open Doors o el propio Departamento de Estado de Estados Unidos. En este último país, además, una orden ejecutiva de Donald Trump del 1 de mayo creó una Comisión de Libertad Religiosa, a la que pertenece por derecho el fiscal general, en una muestra de compromiso de su gobierno con este derecho. Entre los miembros ya designados figuran el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, además de otros dos obispos católicos, Thomas Paprocki y Kevin Rhoades, además del sacerdote Thomas Ferguson, experto en libertad religiosa.
Más allá de la persecución política
Además de los ataques a este derecho ante su violación por el poder político, la iniciativa de la conferencia episcopal se suma a la de otras organizaciones que intentan frenar la creciente agresividad pública (en muchos casos, como España, tolerada o alentada desde el Gobierno) contra las realidades sagradas y contra los sentimientos de los creyentes.
La oficina de nueva creación tiene como finalidad de canalizar esos esfuerzos, recoger datos que puedan ser utilizados en la creación de una conciencia pública, y auxiliar a las diócesis ante problemas que por su dimensión y trascendencia (el impacto de las redes sociales) pueden sobrepasar la capacidad de respuesta de una pequeña administración diocesana.
En el ámbito internacional existen también organizaciones que defienden la libertad religiosa de ataques más sutiles que la persecución directa. Es el caso del European Centre for Law and Justice que dirige Grégor Puppinck o de la Alliance Defending Freedom, de origen estadounidense pero con actividad a nivel europeo.
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