Es inútil tratar de explicar lo que todos conocen perfectamente, es decir, que la inmatriculación de un bien no es otra cosa que la inscripción por primera vez del mismo en el correspondiente registro de la propiedad y que lleva a cabo o desde la escritura que garantiza el dominio, o en caso de su inexistencia, a través de un expediente de dominio, que, entre otras cosas, exige información pública, apertura de posibles comparecencias y la no oposición de cualquiera que pudiera estar interesado.
Un expediente de dominio lo puede iniciar cualquier persona física o jurídica que entienda tiene derecho sobre una determinada propiedad. Por tanto, lo pueden iniciar Pepito López, María Gómez, la diócesis de A., la asociación B., el ayuntamiento de X o el banco de Y. Cosa sea del registrador de la propiedad correspondiente comprobar que se han hecho correctamente, de acuerdo a la ley, todos los trámites y en consecuencia apruebe o no la inscripción del bien en el registro de su cuidado.
Periódicamente surgen voces empeñadas en deslegitimar a la Iglesia en lo que sea. Aquí todo bicho viviente (con absoluto respeto a los mismos) tiene derecho a inmatricular sus bienes por expediente de dominio en los casos que así lo requieran, menos la Iglesia católica, sospechosa per se de infamia, latrocinio y malas artes.
Han intentado por todos los medios levantar las inmatriculaciones poniendo en duda cosas tan chuscas como que la Iglesia católica, en la persona de la diócesis de Córdoba, sea la legítima propietaria de la catedral. No hay manera. Se han dedicado, agitados por algunos clérigos, a proclamar eso tan mono y a la vez tan gilipollesco de que ermitas, templos y casas parroquiales son de un tal “pueblo” que ni sabemos quién es, ni tiene CIF ni paga impuestos, y que acaba siendo el ayuntamiento del lugar.
La última maldad, no es ninguna chorrada, es que el gobierno de España ha decidido publicar la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1998. Y aquí es donde me reservo el derecho de patalear, quejarme, ponerme en jarras y decir que estoy hasta las narices de que contra la Iglesia todo valga. Me explico.
Para empezar, tengo mis dudas de que la cosa sea legal. Es verdad que el registro de la propiedad es público, pero no es menos cierto que el acceso a sus datos se haga a través de unos trámites. Que así, de repente, se hagan públicas listas con lo inmatriculado por la Iglesia me parecería, al menos, un cierto abuso.
Supongamos que sea legal, o que lo hagan legal a golpe de decreto ley, a lo que parece se van aficionando. Yo lo que pido es una lista de todos los bienes inmatriculados a través de expedientes de dominio EN TODA ESPAÑA desde esa misma fecha. Seamos transparentes. TODOS. Los haya inmatriculado la Iglesia, un ayuntamiento, un partido político, un sindicato, un político del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, de Falange española o del partido maoísta. TODOS. ¿Por qué solo de la Iglesia? ¿Es que la Iglesia es sospechosa y los demás gente de probada bonhomía? Publiquen TODOS.
Más aún, o ítem mas que dirían los latinos. Se nos prometió en aras de la transparencia que todos tendríamos conocimiento de los nombres de todos los beneficiados en las amnistías fiscales. El propio presidente del gobierno, el señor Sánchez, así lo repitió en diversas ocasiones. Pues donde dije digo, digo Diego, que ahora resulta que no por la cosa de la privacidad.
Es decir, que los mismos, usease el gobierno, que velan por la privacidad de los beneficiados por las amnistías fiscales, pasan de cualquier privacidad si se trata de ver la forma de sacudir a la Iglesia en todo el bonete.
Lo tenemos crudo como Iglesia. Muy crudo. Pero no es momento de achantarse. Nos toca ser fieles ¡ay lo que llevamos pasado en las últimas semanas!, y nos toca defender los derechos de la Iglesia, también legalmente. Antes nadie dudaba de que una ermita era de la iglesia. Ahora no te reconocen ni la propiedad de la catedral primada. Así que no queda otra que arreglar papeles y poner las cosas en orden.
Por cierto, pionero fui en estas cosas. Hace veinte años ya arreglé la situación legal de las fincas propiedad de la parroquia en la que entonces servía. Y lo hice, entre otras cosas, por la experiencia en otros lugares de que lo que era de la parroquia de siempre, misteriosamente iba pasando a engrosar el inventario de propiedades municipales.
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