(La Razón) El próximo domingo hemos sido convocados a ejercer libremente el ejercicio democrático de elegir nuestros representantes legítimos municipales y autonómicos. Del resultado de las elecciones saldrán alcaldes y presidentes que rijan ayuntamientos y Comunidades Autónomas. A nadie se le oculta la importancia que tiene esta convocatoria, máxime teniendo en cuenta otras elecciones generales dentro de unos meses. La situación, lo decimos y vemos todos, es complicada y nada fácil. Depende mucho de nuestra responsabilidad. Y esta responsabilidad entraña, en primer lugar, el deber de votar, ejercer nuestro derecho a votar y elegir conforme a lo que nuestra conciencia nos dicte responsablemente para el bien común.
Son bastantes cristianos los que me han pedido que, como Obispo, les ofrezca alguna orientación, no para decirles a qué grupo político concreto deben votar, ni tampoco –menos aún– a qué personas –cosa que en absoluto no que me corresponde–, sino simple y sencillamente para orientar sus conciencias a la hora de elegir y votar responsable y libremente, en conciencia. Y así lo hago en virtud de mi responsabilidad y en derecho legítimo e inalienable como Obispo, y, utilizo este comunicado para el diálogo.
Todos somos conscientes de la gran responsabilidad y del deber de participar con el voto en elecciones como las que van a tener lugar: Se trata de un derecho y de un deber. Nos encontramos ante un acto consciente y maduro que requiere información y discernimiento sobre programas, métodos y personas con referencia al bien común; tenemos la obligación, pues, de informarnos, sin olvidar que ningún partido político es capaz de realizar plena y satisfactoriamente los valores esenciales de la concepción cristiana de la vida, y que el cristiano es libre para elegir entre los diversos partidos, programas y candidatos, siempre en coherencia con la fe cristiana y con los principios morales o de doctrina social cristiana que le son consubstanciales. No podemos elegir a cualquiera, no da lo mismo uno que otro: no nos podemos contentar con el mal menor, sino habrá que acudir a intentar el bien posible. Y para ello, entre otras cosas, habrá que tener muy en cuenta los bienes que promueve la Constitución Española, que habrá de ser respetada por la formación política que se elija.
En coherencia con nuestra fe hemos de apoyar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y no podemos contribuir al establecimiento de ningún tipo de totalitarismo, del signo que sea; nuestro voto ha de ayudar a aquellos que de verdad y efectivamente trabajen por la desaparición de las desigualdades sociales, por la atención prioritaria a los pobres, los inmigrantes, los refugiados, y las periferias existenciales. Los cristianos no deberíamos colaborar con los que empleen la violencia, el odio, la mentira, o la corrupción para conseguir sus fines: en los proyectos políticos y sociales se ha de buscar un renovado talante de convivencia y generosidad, de diálogo y cooperación, de unidad y concordia entre todos los españoles sin exclusiones. La generosidad y la grandeza de ánimo, y el poner la mirada por encima de todo en el bien común, en el municipio, en la Comunidad autónoma, en España, debieran de ser nota de los dirigentes a elegir.
No podemos dar nuestro voto a quien no defienda el derecho a la vida, en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural: deberían quedar excluidas las formaciones que promuevan o favorezcan el aborto como un derecho, o la eutanasia –disfrazada a veces como muerte digna, que es otra cosa muy distinta– el consumo y tráfico de drogas, o el terrorismo; también deben excluirse aquellos grupos que no salvaguarden ni promuevan el debido respeto a la familia, a su verdad, a sus derechos, ni garanticen políticas familiares adecuadas y prioritarias: solo una adecuada política en esta materia garantizará un futuro para la humanidad, protegerá debidamente la acción social, el bien común y de la persona humana, y la paz.
A la hora de elegir habrá de tenerse muy en cuenta qué grupos promueven y defienden con toda nitidez y sin ninguna cortapisa la libertad religiosa y de conciencia, bases para una verdadera democracia en paz, y cuáles, por el contrario, no lo hacen con las suficientes garantías: habrá que evitar dar el voto a aquellas formaciones políticas que, en estos momentos, están promoviendo o tolerando un acoso sordo y sutil pero real y sistemático, a lo religioso en personas e instituciones; y también hay que tener gran cuidado de apoyar con nuestro voto a quienes favorezcan un laicismo radical e ideológico que, por lo demás, no parece conforme con nuestra Constitución que garantiza un Estado aconfesional.
Muy unido a esto, con nuestro voto habremos de propiciar y garantizar el derecho a la enseñanza libre y en libertad, y a la educación integral que tiene todo ciudadano, así como el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho de los padres, prioritario y principal, a educar a sus hijos, a educarlos conforme a sus propias convicciones, a elegir el centro escolar que satisfaga adecuadamente este derecho inalienable, y el derecho de alumnos y padres a una enseñanza moral y religiosa en la escuela conforme a sus propias convicciones. Habrá de evitarse el que se genere, extienda y se imponga un pensamiento único, por ejemplo, la ideología de género. No podemos olvidar que esta ideología es totalmente reprobable ya que «niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer, presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia» (Papa Francisco).
Igualmente se habrá de estar atentos a ver si se subordinan los intereses privados al bien común. Nadie está exento, por lo demás, de las tentaciones de la corrupción y, por tanto, los intereses municipales o comunitarios deben estar defendidos adecuadamente contra la posible o eventual corrupción por un eficaz sistema de controles justa y debidamente regulados. Por eso se deberá exigir energía y equidad en las autoridades que tienen la obligación de impedir abusos de poder o de manipulaciones económicas; ante todo, con un ejemplo de transparencia administrativa. Nada contribuye tanto a la confianza del pueblo en sus gobernantes como la valentía de éstos para corregir abusos y limpiar de corrupción todos los entresijos del edificio social. En todo caso, habrá que ver qué fuerzas políticas establecen condiciones más favorables para la vida moral y justa en la sociedad en servicio del bien común.
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