El abuso a menores es una grave desgracia que está presente en nuestra sociedad y, tristemente también, en la vida de la Iglesia. En primer lugar, de manera muy especial, para la víctima y para su entorno familiar, quienes arrastrarán durante toda su vida el peso de una tragedia. El compromiso de la Iglesia es acompañar su dolor, sanar sus heridas y cuidar de que esos hechos no se vuelvan a repetir. Es también una desgracia para todo el Pueblo de Dios, a quien se le ha encargado la misión de anunciar el Evangelio. Él ha visto cómo algunos a quienes se les había confiado esta misión la han traicionado. Con ello, dificultan la vida cristiana de todos y el empeño evangélico al que todos están llamados. Es también una desgracia -además de un delito- para quien ha cometido los abusos. Está llamado a una sincera conversión que se debe expresar en obras concretas que van desde la petición de perdón y el cumplimiento de la pena que se le imponga, hasta la obligación de restituir, en lo que sea posible, el daño causado y las consecuencias derivadas.
Las diócesis e instituciones religiosas españolas siguen dando pasos en su compromiso para la protección de abusos a menores y personas vulnerables. En cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede todas las diócesis españolas tienen establecidos, protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos. En cada diócesis, los obispos llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.
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