Una verdad incómoda. Por Juan Manuel de Prada

(ABC) Quien verdaderamente quiera combatir las violencias perpetradas contra las mujeres tiene que empezar por combatir las violencias que la mentira perpetra en nuestra razón, oscurecida por pescadores en río revuelto.

Cuando los medios de adoctrinamiento de masas y sus corifeos repiten como discos rayados que sólo una parte infinitesimal de las denuncias por «violencia de género» son falsas están mintiendo burdamente. Como sabe cualquier persona que trabaje en la administración de justicia, las denuncias falsas (por este o por cualquier otro delito) son tristemente numerosas; porque también son numerosas las personas obcecadas o aviesas o pérfidamente asesoradas que tratan de engañar a los jueces, para infligir un daño a otras personas a las que odian. La Fiscalía General del Estado ha divulgado una estadística en la que las denuncias falsas por «violencia de género» quedan reducidas a un irrisorio porcentaje infinitesimal; pero tal porcentaje se refiere a los casos obscenamente flagrantes en los que, después de probarse la falsedad de la denuncia, la denunciante es acusada, juzgada y condenada en firme. Y lo cierto es que la acusación pública sólo abre este tipo de procesos penales en casos extremos y excepcionalísimos; habitualmente, lo que hace es sobreseer o archivar discretamente tales denuncias, o bien concluir con sentencias absolutorias, para evitarse problemas. Una actitud que, desde luego, resultaría inaceptable en un país donde la acusación pública no estuviese sometida a las directrices del poder político y donde el miedo no campase por sus fueros.

Estas denuncias falsas por «violencia de género» se utilizan torticeramente para agilizar los procesos de separación y divorcio, que así abandonan los juzgados de familia y se derivan hacia juzgados especiales (que, en puridad, son tribunales de excepción). Antes de que los denunciados hayan sido juzgados, se les aplican medidas cautelares muy gravosas, se les obliga a abandonar el domicilio familiar, se les imponen órdenes de alejamiento familiar, pierden la custodia de sus hijos… Se conculca, en fin, su presunción de inocencia y se invierte la carga de la prueba, a la vez que se arruinan muchas vidas. Y estas ruinas vitales engendran más violencia; pues todos estos expolios y oprobios que se arrojan sobre miles de hombres inocentes los envilecen de odio y resentimiento. Pero de tales calamidades no se habla en los medios de adoctrinamiento de masas.

Y todo esto ocurre porque, al cobijo de una ley abusiva, muchos abogados alimañescos inducen a las mujeres que recurren a sus servicios a interponer denuncias falsas, con el vil propósito de utilizarlas como espada de Damocles contra la otra parte en la negociación de los divorcios. O con propósitos aún más abyectos. Pues detrás de estos abogados alimañescos nos encontramos a menudo con asociaciones protervas convertidas en maquinarias de recolección de subvenciones. Y tales subvenciones, abastecidas por el Fondo Social Europeo, se reparten con una serie de criterios entre los que se cuenta el número de denuncias interpuestas. Como yo mismo he tenido ocasión de comprobar el modus operandi de estas asociaciones protervas y abogados alimañescos, no necesito que nadie me lo cuente.

Las mujeres sólo serán genuinamente protegidas de los desalmados que las vejan, maltratan o asesinan cuando quienes trafican con su dolor sean desenmascarados. Hay verdades muy incómodas, ciertamente. Pero sólo la verdad nos hace libres.